Page 6 - Diario 07/09/2025
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Domingo 7 de septiembre de 2025                                                                                         www.ladiscusion.cl

           Ciudad




           detalles de la investigación de mayor relevancia asignada al ministerio público regional

           Caso Led: Fiscalía se prepara




           para el último tramo del primer




           caso de corrupción en Ñuble






           De los cuatro acusados por la llamada “arista Chillán” ya hay dos condenados en juicios abreviados y otros dos que
           aguardan un litigio en el que arriesgan severas penas. Juicio oral comenzaría a fines de este 2025 y se extenderá por meses.




           felipe ahumada jegó           atónita mirada de funcionarios y   S.A. quien –conforme a la investi-       Los primeros argumentos de los
           [email protected]
           fotos: ladiscusion            ciudadanos en general, una patrulla   gación- logró adjudicarse diversas   defensores de Vallejos y Sepúlveda
                                         ya estaba en el domicilio del entonces   licitaciones municipales en el país   fueron similares. Asentar la idea que
                                         administrador municipal, Ricardo   para el recambio de luminarias de       ellos o no eran parte del proceso de
                   a primera vez que en   Vallejos, a quien detuvieron. Horas   la red pública, por tecnología led,   definición de la adjudicación (en el
                   Ñuble se supo que la Fis-  antes, en Santiago, habían hecho lo   lo que le significaban negocios que   caso del administrador) o bien que
                   calía Regional de Ñuble   mismo con el asesor jurídico del con-  promediaban los $4 mil millones   no se contaba con un liderazgo (en
                   y la Brigada de Delitos   sistorio chillanejo, Marcelo Campos,   cada una. El modo de operar según   el caso del concejal) dentro del con-
           LEconómicos (Bridec) de       a quien arrestaron cuando estaba en   la Fiscalía siempre fue el mismo: el   sistorio lo suficientemente potente
           la PDI estaba investigando un delito   posesión de una bolsa (no un maletín   soborno.                   como para influir en el resto de los
           de corrupción de grandes propor-  como siempre se dijo) con algo más   Así, se comenzó a hablar de “aris-  El caso led   ediles. Lo de Campos, y la bolsa con
           ciones en Chillán, fue en la segunda   de 37 millones de pesos, que había   tas” para referirse a cada una de las   estuvo marcado   dinero, siempre presentó mayor
           semana del mes de mayo de 2020,   recibido de manos del principal   municipalidades investigadas, y en la   por acusaciones   dificultad para la defensa.
           cuando personal policial irrumpió   acusado en lo que, desde entonces,   de Chillán se acusó a cuatro personas:   de corrupción,   Nada de eso los salvó de estar casi
           en las oficinas de la municipalidad   se conocería por los medios como   A Vallejos, Campos, luego a la mano   bajo la   dos años en prisión preventiva. Sin
           local para incautar computadores y   el “Caso Led”.         derecha de Lefort, el ingeniero Víctor   administración   embargo, siempre insistieron en
           documentación en papel.         Se trata del empresario Marcelo   Amado y, posteriormente al entonces   del alcalde   su inocencia. En la cárcel de San
             Mientras eso ocurría, bajo la   Lefort, dueño de la firma Itelecom   concejal Víctor Sepúlveda.  Sergio Zarzar.  Carlos, Vallejos contó con mucha
                                                                                                                    documentación y, considerando
                                                                                                                    que es abogado, estudió todo lo
                                                                                                                    que pudo de la teoría del caso para
                                                                                                                    luego asentar una línea de defensa
                                                                                                                    que mantiene hasta hoy.
                                                                                                                     Lo de Campos fue incluso insólito.
                                                                                                                    No solo pidió en reiteradas ocasiones
                                                                                                                    que se le revocara la cautelar para
                                                                                                                    poder seguir trabajando, ya que -
                                                                                                                    argumentaba su defensa- requería
                                                                                                                    con urgencia generar ingresos,
                                                                                                                    sino que incluso solicitó a la Corte
                                                                                                                    de Apelaciones que –estando en
                                                                                                                    pandemia- se le dejara seguir ofi-
                                                                                                                    ciando como juez de policía local
                                                                                                                    de Pemuco de manera telemática,
                                                                                                                    utilizando los computadores de la
                                                                                                                    cárcel de San Carlos. Obviamente,
                                                                                                                    la solicitud le fue denegada.
                                                                                                                     Víctor “Cacharro” Sepúlveda fue
                                                                                                                    el último en ser formalizado. Se le
                                                                                                                    detuvo y dejó en prisión preventiva
                                                                                                                    en noviembre del 2021. En su con-
                                                                                                                    tra, pesaron una fotografías y un
                                                                                                                    seguimiento que se le hizo a Amado,
                                                                                                                    quien tras salir de una notaría en
                                                                                                                    Chillán se fue al departamento del
                                                                                                                    concejal con un maletín, para salir
                                                                                                                    a los minutos sin él.
                                                                                                                     La investigación nacional del
                                                                                                                    caso, salvo por la arista Iquique, fue
                                                                                                                    puesta en manos de la fiscal regional
                                                                                                                    de Ñuble, Nayalet Mansilla, quien
                                                                                                                    presentó acusación y ya logró cerrar
                                                                                                                    la causa para 11 de los acusados de
                                                                                                                    Chillán, Negrete, Coyhaique y Puerto
                                                                                                                    Natales, que aceptaron un proceso
                                                                                                                    simplificado, aceptando los cargos
                                                                                                                    a cambio de penas menores. Entre
                                                                                                                    ellos, Campos, a quien se le condenó
                                                                                                                    a 3 años de libertad vigilada, multa de
                                                                                                                    $24 millones, 10 años de inhabilidad
                                                                                                                    para cargos públicos y prohibición
                                                                                                                    perpetua para desempeñar funciones
                                                                                                                    públicas.
                                                                                                                     Vallejo no aceptó la propuesta fiscal
                                                                                                                    y a Sepúlveda no se la ofrecieron.
                                                                                                                    Ambos resolverán en juicio oral.
                                                                                                                    El primero arriesga ocho años de
                                                                                                                    presidio efectivo, más restricciones
                                                                                                                    para cargos y oficios públicos, ade-
                                                                                                                    más de multas. El exconcejal, por
                                                                                                                    tener un cargo de elección popular,
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